Cómo y cuándo «abrir» Canal 9 (LEVANTE- EMV 26/11/2014)

26.11.2014 | 04:15
OLEGARI GONZALO Estos días asistimos a un debate público importantísimo: la posibilidad de que un cambio político en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo permita la apertura de Canal 9, de la radiotelevisión valenciana, después de que el actual gobierno de la Generalitat decidiera cortar la emisión y ordenara un complicado proceso de liquidación de Radio Televisión Valenciana. ¿De verdad se puede abrir o reabrir, para ser más exactos, C9, sin que se incumpla el ordenamiento jurídico y provoque un alud de demandas y/o recursos que acaben poniendo en un brete a una nueva mayoría de gobierno deseosa de recuperar un instrumento tan necesario para la lengua y cultura de los valencianos? ¿ Se puede hacer sin asfixiar las arcas de la Generalitat, mermadas por una administración irresponsable y manirrota, que muchos temen haya dejado atado de manos pies y aun sin caja a sus sucesores? La conclusión „adelantémosla„ de este articulo, es clara: se puede.

Primero. ¿Abrimos una nueva tele o mantenemos la que tenemos? Porque el que no emita no quiere decir que no exista. La primera opción es un imposible jurídico. Abrir una nueva radiotelevisión valenciana, aunque fuera por ley, acabaría como el rosario de la aurora. Poca discusión hay en que si se hace (como se ha hecho) un procedimiento de despido colectivo de liquidación por insuficiencia económica y después la propia Generalitat, aunque sea de otro signo político, abre otro canal público sin respetar el plazo de varios años que exige la legislación estatal laboral básica, estamos ante un fraude de ley consumado. Tardará tiempo, pero el coste en indemnizaciones por ilegalidad tan manifiesta será incalculable.
Solo hay, pues, una opción, la de reabrir la radiotelevisión pública, sin cerrar nada. ¿Y eso cómo se hace? Respuesta filosófica, pero muy práctica: deconstruyendo. Deconstruir aquí es desmontar paso a paso lo que ha ido haciendo el Gobierno del señor Fabra para cargarse (se me perdonará la expresión) nuestro Canal 9, que es como lo conoce el pueblo y como a mí me gusta llamarlo.

Segundo. Tras las elecciones autonómicas, el nuevo gobierno debe aprobar un decreto ley „la urgencia es necesaria„ anulando el proceso de liquidación de la actual RTVV y derogando la ley autonómica y todas las normas reglamentarias que le dieron cobertura. Ese decreto-ley debe nombrar también, aunque sea provisionalmente, una nueva dirección de la sociedad pública e inmediatamente las Corts tramitar el decreto-ley por la vía de un proyecto de ley ordinario donde se establecerá la estructura de la nueva radiotelevisión valenciana. Al mismo tiempo, el PSPV deberá retirar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso en su momento. Todas estas acciones juntas harán decaer, por falta de objeto procesal, la demanda por despido colectivo planteada por el sindicato CGT ante la Audiencia Nacional.
No considero necesario un allanamiento de la nueva dirección de RTVV en ese juicio, porque el mandato ex lege de la norma autonómica impide su continuación de oficio puesto que desaparece el motivo del despido colectivo: la extinción de la empresa. El allanamiento es siempre una posibilidad, pero puede ser más lento y aquí el tiempo apremia. Queremos C9 ya. El único límite es el respeto escrupuloso del ordenamiento jurídico.
¿Qué supone a efectos prácticos todo esto? Que el despido colectivo y la liquidación de RTVV quedan sin efectos jurídicos. ¿Eso es bueno o malo? A mi juicio, tan bueno como necesario. Si no, no hay tele ni radio. Tanta injusticia, tanto dolor, tanta arbitrariedad quedan anuladas de un plumazo. La nueva ley tendrá, por fin, una estructura renovada para esa nueva C9 que, sin cerrarla, renace de sus cenizas con un nuevo espíritu, con una nueva dimensión, un diseño que impida la manipulación, que nos permita mantener una tele moderna, de calidad y en valenciano. Esa triada que siempre defendimos y que ahora pasa de eslogan a realidad. Pero también una tele sostenible y ahí enfocamos ahora la cámara porque no queremos ser demagogos.
Hacer retroceder las manillas del reloj a mayo de 2014 supone, de inmediato, el reingreso de los trabajadores expulsados. La otra puesta en hora, la de noviembre de 2013, supone recuperar la emisión y poner tierra al hoyo vil que cavaron los que cortaron la señal. Esto, se podrá comprender, no sale gratis, pero tampoco será tan caro como algunos quisieran para que nuestra radiotelevisión no se abriera nunca más.
En ese momento y, según este plan, todos los trabajadores despedidos vuelven a sus puestos, con oposición o contratados, da igual. Aquí la ley no admite reservas ni apaños. Todos cobrarán los salarios de tramitación de, al menos, un año. Mucho dinero, dirán algunos. Este plan no vale, es imposible por oneroso, añadirán después. Yo respondo: falso. Porque está la otra cara de la moneda, el retorno de las indemnizaciones por despido. Mucho dinero. Tanto, que permitirá, además, establecer un plan de viabilidad de la radiotelevisión y cumplir con los criterios de suficiencia económica que tanto preocupan, y con razón, a políticos, economistas y juristas (que también aquí hay que cumplir la ley). Si se hacen sumas y restas y, con el dinero que se lleva gastado en indemnizaciones, las cuentas salen. Un problema menos y no el menos grave. Unos ingresos extraordinarios que permiten a las Corts dotar presupuestariamente la ley para 2015 e incluso aprobar sin miedo, cuando toque, los presupuestos generales de 2016 en esta materia.

Tercero. Llega el momento del compromiso. Está claro que esa radiotelevisión ha de ser sostenible y que es necesario un ajuste, que la ley aprobada en Corts con la diligencia antes exigida habrá establecido para hacer una televisión de calidad y sostenible. ¿Cifras? La tele debe funcionar con una plantilla de 700 u 800 trabajadores. ¿Es mucho? No, es lo necesario. Si piensan en menos, no la hagan o apúntense a un proyecto estrafalario. Como periodista, digo ahora que para para hacer una tele seria, una radio y una tele como toca, esa cifra es necesaria. Y si queremos una tele de juguete, entonces contraten a un feriante.

Respeto a las oposiciones. ¿Y después qué? ¿Un nuevo despido colectivo? Sí, una televisión con los 1600 trabajadores readmitidos por imperativo legal es inviable. Sindicatos y la nueva dirección de la empresa habrán de sentarse a negociar sobre dos aspectos fundamentales: la viabilidad del proyecto y la reparación de injusticias y agravios inadmisibles. Hay que recordar que el gobierno de Fabra quiso eliminar arbitrariamente el requisito de oposición o superación de pruebas selectivas en su antiguo ERE. Así le salió. Y lo hizo porque, de esa forma, podía arbitrariamente elegir a quien quisiera, saltándose la norma constitucional de igualdad, capacidad y mérito. Un nuevo gobierno no puede caer en el mismo error ignorando compromisos no solo legales, sino también éticos y de sentido común. A eso llamo yo, también, justicia. Por tanto, el primer requisito de la futura plantilla (de la que siempre ha sido hasta que alguien decidió exterminarla) es haber superado una prueba de oposición, como exigía la ley de RTVV de 1985, aprobada por todos los partidos. Todo lo demás serían chanchullos intolerables. Y en defensa de ese derecho está también la nueva asociación de profesionales de oposición, Aprop, con la que habrá que contar en este iter para que todo llegue a buen puerto.
¿Y qué ocurrirá con los que se vayan? Es de decencia que no pueden hacerlo sin contar, al menos, con la misma indemnización que les fue concedida en la negociación anterior con los sindicatos. Ese compromiso debe quedar claro. Como debe serlo que algunos de ellos, aquellos que por oposición no puedan mantener su puesto porque su actividad en la empresa no cuadre con un modelo sostenible, deben ser recolocados en otras empresas públicas de la Generalitat si así lo desean.
Todo esto exige el Derecho para reabrir C9. Este es el camino legal y más corto. Tanto que posibilitaría la promesa de volver a emitir el 9 de octubre si se hacen las cosas como se ha dicho. Legalmente, el plan es inatacable por mucho que se recurra a leguleyos mal intencionados. ¿Y económicamente? Hagan cuentas. Con el retorno de las indemnizaciones y aún quitando el pago de salarios de tramitación, primero, y nuevas indemnizaciones después, las cuentas salen. Y son razonables. ¿Es caro? Mucho menos de lo que sería si nos metemos en aventuras que no conducen a ningún lado. Piensen, además, que se producirán jubilaciones, montantes de salarios de tramitación que no llegarán a pagarse en su totalidad porque a muchos beneficiarios se les descontarán los ingresos que recibieron por otros trabajos.
Por último, ¿y la gente nueva?, ¿y los estudiantes de las facultades? También hay respuesta. En pocos años habrá jubilaciones de una plantilla ya madura, nuevas entradas, que se harán por recambio generacional y con oposición en mano, sin arbitrariedades. Una selección natural programada y justa, no ordenada por la manu militare de aquellos que por matar a profesionales críticos acabaron matando nuestra radiotelevisión, la de todos los valencianos. Y el que a hierro mata a hierro muere. Por eso la memoria, la justicia y la ley están ahora de nuestra parte. Abrir Canal 9 se puede y se debe. Todo es cuestión de voluntad política, de esa política sana, honesta y eficaz que se merece el pueblo valenciano.